Cuando se puso en marcha el Operativo Guardián, voceros de la Patrulla Fronteriza dijeron: “eventualmente nos gustaría ver a todos los migrantes en el desierto”. Cinco años más tarde, casi se cumple tal deseo. Entre las repercusiones de dirigir el flujo migratorio fuera de California, está que cientos (si no miles) de indocumentados han sido detenidos a punta de pistola por los hermanos Barnett y los demás rancheros con fama de “cazamigrantes” en Arizona. Esto, pese a que no está permitido recurrir a la fuerza mortal contra intrusos si el delito consiste simplemente en pasar por tierras ajenas. Afortunadamente, y no gracias a las autoridades, todavía no ocurre una tragedia.

No sólo pecó de ambivalente la actitud de la Administración Clinton ante la situación, cada vez más explosiva, cerca de Douglas. Durante la Reunión Bilateral, celebrada en Washington a mediados del año pasado, altos funcionarios estadunidenses prácticamente aprobaron la conducta de Barnett y compañía. Ciertamente, los titulares que aparecieron en varios periódicos: “Estados Unidos condena la actividad vigilante”, eran alentadores. Pero las notas sobre la reunión aclaran que el compromiso de frenar a los rancheros sólo se refiere a las carreteras, donde particulares han llegado al extremo de parar vehículos y bajar de ellos a supuestos indocumentados. Tocante a los arrestos que los rancheros realizan dentro de sus propiedades, la entonces  Comisionada de Inmigración sostuvo que eran válidos, dado a que constituían una respuesta a la ofensa de atravesar los ranchos sin permiso. Dudo que sean válidos. Para serlo se requieren agravantes, y típicamente no se dan en el caso de migrantes, o sea personas que intentan cruzar la frontera desapercibidas.

En cierta forma, es comprensible que la entonces Comisionada Meissner se identificara públicamente con la frustración de los rancheros por el creciente tráfico migrante en Arizona y por los daños materiales (cercas arruinadas, etcétera) que eso implica. Al fin y al cabo, era un año electoral. Sin embargo, lo que motiva a los hermanos Barnett va más allá de hacer respetar sus derechos de propiedad. Hablar de sí mismos como “custodios” del país y describir a los indocumentados como “cucarachas en la noche” demuestra su dosis de megalomanía, y un componente considerable de racismo.

Por otro lado, fue irresponsable que la Comisionada Meissner rechazara categóricamente que los rancheros estén cometiendo delitos. Increíblemente, se limitó a calificar los incidentes en las vías públicas como “poco aconsejables” -- negándose a usar la palabra “ilegal”, incluso en este contexto. Aparte del uso ilegal de las armas, se me ocurren varios probables delitos por parte de los rancheros, comenzando con tomar la ley de inmigración en sus propias manos. Ni los cuerpos policíacos locales están autorizados para arrestar a alguien por el mero hecho de estar ilegalmente en el país. Únicamente agentes de inmigración pueden hacerlo. De no ser así, cualquiera con rasgos mexicanos estaría bajo aún mayor amenaza de ser acosado por dondequiera. Y la declaración de los hermanos Barnett, en el sentido de que la Patrulla Fronteriza no deja de “felicitarlos” por capturar (o bien cazar) migrantes, me hace sospechar extensa complicidad entre los rancheros y la “migra” para esquivar estos límites. Otro delito: se reporta que los rancheros se hacen pasar por agentes de inmigración, portando camuflaje con insignias que dicen “Ranch Patrol”.

Según la Comisionada Meissner, la solución al problema de la inmigración ilegal está enteramente en México: desde ese lado se debe combatir más agresivamente a los llamados polleros. En comparación, aseguró orgullosamente, su país tiene presos a más de 2 mil traficantes de indocumentados. Cabe señalar que los nuevos operativos de control fronterizo han hecho indispensables a los polleros. Considerando que el “pollerismo” se ha vuelto toda una industria (ni hablar de los enormes recursos con que la comisionada cuenta para detectar al contrabando humano), la cifra de 2 mil parece en verdad modesta. Claro, la mayoría de los 2 mil presos son guías y conductores -- no cabecillas.

Cuando Estados Unidos también procese penalmente a 2 mil empleadores de indocumentados, tendrá más autoridad moral para reclamar. La verdad es que no existe la voluntad política para privar a nuestras industrias clave de su mano de obra más barata y desechable:  los migrantes. Y me pregunto, ¿cuánta autoridad moral puede tener un país mientras insiste en canalizar a los migrantes hacia los lugares más remotos y peligrosos, donde se registra un saldo de al menos un migrante muerto al día, mayormente en el desierto?